Manual de Seguridad Vial
Manual para los profesionales y encargados
en la toma de decisionespara la aplicación
de la infraestructura del sistema seguro!
Manual de Seguridad Vial
Manual para los profesionales y encargados
en la toma de decisionespara la aplicación
de la infraestructura del sistema seguro!
La legislación y las regulaciones pertinentes establecen las funciones y las responsabilidades de la autoridad vial de un país. Aunque la naturaleza y el alcance de las mismas varíen de un país al otro, generalmente abarcan, en diverso grado, la planificación y la construcción de los principales proyectos viarios, la seguridad vial, la gestión de los activos, la gestión del tráfico, el mantenimiento de las carreteras y la regulación del acceso a los desarrollos adyacentes. Es igualmente probable que las autoridades viales nacionales o estatales sean responsables de establecer los límites de velocidad y de publicar las directrices para los mismos y las normas de diseño de las nuevas carreteras. Sin embargo, esta situación es menos probable en muchos países con ingresos bajos y medios.
La obligación jurídica de la autoridad vial de asegurar una explotación segura de su red requiere la utilización de sistemas y procedimientos de gestión del riesgo, que constituyen un punto de partida mínimo y que deben:
Por ejemplo, las autoridades viales pueden tener la obligación de identificar, evaluar y priorizar los riesgos y de tomar medidas responsables para abordarlos. Típicamente, esta obligación cubre a todos los usuarios de la carretera (incluso los peatones) e incluye la zona de protección de la carretera (es decir, calzada y márgenes ). Sin embargo, las responsabilidades legislativas y regulatorias para establecer los requisitos de seguridad obligatorios para sus autoridades viales variarán entre países.
Los puntos de atención prioritarios para las autoridades viales son la seguridad de la infraestructura, el uso del suelo, el control de accesos y el establecimiento de los límites de velocidad. Por el contrario, es esencial para el Sistema Seguro que la autoridad vial tenga en cuenta en el cumplimiento de sus responsabilidades en todos los elementos que afectan a la seguridad vial en la red viaria.
Si las responsabilidades están divididas o separadas entre varios organismos, esto puede ser complicado. Por ejemplo, el establecimiento de los límites de velocidad, la planificación de la gestión del tráfico y la operativa de gestión de los vehículos pesados son realizados, en ocasiones, por diferentes organismos del gobierno, como el Departamento de Transportes o la policía. En estos casos, lograr un acuerdo sobre una práctica coherente con otros organismos constituye un reto.
Se recomienda que, en la medida de lo posible, estas responsabilidades formen parte de las funciones de la autoridad vial. Si esto no es factible, la autoridad vial debe entonces recibir el poder (mediante un consentimiento) para participar en el establecimiento de las directrices y normas que serán aplicados en el marco de dichas responsabilidades.
Todos estos asuntos están asociados a la explotación y al uso seguro de la red viaria. Estas características de explotación pueden ser un determinante crítico del nivel del riesgo de accidentes en la red. Será necesario un esfuerzo de coordinación entre organismos más activo de lo habitual para lograr eficaces resultados de seguridad vial en estas situaciones de responsabilidad separada.
El deber de la autoridad vial es lograr:
Las autoridades viales deben colaborar con la policía local y con los gobiernos provincial y local para hacerles entender la importancia de sus papeles en la consecución de una explotación segura de la red viaria. Deben además impulsar y apoyar la acción de la policía para hacer cumplir los límites de velocidad, el uso del cinturón de seguridad y del casco, la prioridad de los peatones en los cruces, las maniobras seguras para adelantar, la preferencia en las intersecciones, la conducción segura de los vehículos pesados y la reducción de los casos de conducción bajo los efectos del alcohol y de las drogas.
El grupo encargado, dentro de la autoridad vial, de iniciar el desarrollo de políticas y directrices de seguridad vial (habitualmente un equipo de ingenieros en seguridad vial) y de formular recomendaciones relevantes al consejo directivo tiene una gran responsabilidad: debe estar dispuesto a proponer políticas dirigidas a reducir el riesgo de accidentes graves en la red, pero sabiendo que dichas políticas tendrán un fuerte impacto en la visión tradicional. Puede ser necesario consultar con otras partes de la organización (mantenimiento, diseño, gestión de los activos, gestión del tráfico) y hacerlas participar, a fin de apoyar el cambio en el modo de pensar necesario para conseguir que sus niveles ejecutivos apoyen el cambio en sus actividades. Se trata de una tarea considerable: cambiar el enfoque tradicional en la construcción y el mantenimiento de las carreteras para llegar a la comprensión y la aceptación de la necesidad de renovar las redes y así cambiar progresivamente los perfiles de riesgo de los accidentes. Un equipo de ingenieros con formación en seguridad vial debería ser capaz de funcionar, dentro de la autoridad vial, como un grupo de expertos que apoye el despliegue de conocimientos y de programas seguridad vial en todas las regiones y, de ser necesario, incluso en las funciones de dirección del consejo de administración, lo que implicará la formación de personal a nivel regional y, potencialmente, de consultores locales.
Será necesaria experiencia para asumir ciertas funciones muy importantes:
Los gobiernos locales necesitarán apoyo para introducir los principios del Sistema Seguro, pero también contribuirán a implementar las actuaciones del Sistema Seguro de forma más eficaz. La importancia de su papel se puede observar en el ejemplo de Indonesia, donde datos recientes sugieren que más del 70 % de los accidentes viales ocurren en carreteras y calles locales y provinciales, y no en autopistas nacionales.
Los gobiernos locales tienen además la responsabilidad de planificar el uso del suelo para controlar la naturaleza de los nuevos desarrollos, el acceso a la zona de protección de la carretera y para prevenir los desarrollos ilegales. Tienen también responsabilidades de gestión de las márgenes para controlar los efectos peligrosos derivados del tráfico. En los países con ingresos bajos y medios , estos poderes son a menudo de aplicación a las carreteras nacionales.
El papel de los gobiernos locales incluye a menudo construir sendas peatonales adyacentes a los nuevos desarrollos viales o a las carreteras existentes, lo que requiere considerar las tanto la seguridad de los peatones como la de los usuarios motorizados y la de los ciclistas. Las políticas de seguridad deben diseñarse y desarrollarse para garantizar el desplazamiento seguro de los peatones a lo largo y a través de las carreteras y para ejecutar las actuaciones posibles en zonas de alto riesgo. Además, se deben resolver los mecanismos de financiación necesarios para asegurar que los caminos peatonales estén disponibles
Por último, serán necesarias herramientas sencillas de apoyo a la mejora de los conocimientos y de la capacidad a los niveles local y provincial y una financiación adecuada, a pesar de que los acuerdos de financiación sean habitualmente complejos y específicos para cada país.
La introducción del Sistema Seguro probablemente dé lugar con el tiempo a un cambio fundamental en la visión y en los programas de la autoridad vial. Las actuaciones y las inversiones económicas se volverán un componente más sustancial de los nuevos proyectos y de los trabajos de mantenimiento y reconstrucción y apoyarán una mejor gestión de la seguridad de los lugares de trabajo. En todos los países con ingresos bajos y medios , comprender y planificar las cuestiones relativas al alto riesgo de accidente (por ejemplo, mediante la aplicación de programas proactivos de evaluación de las redes y el análisis de los puntos negros) aumentará la demanda de aplicación de tratamientos y, cada vez más, se asignarán fondos dentro de los presupuestos anuales para satisfacer esta demanda. Sin un compromiso financiero del gobierno (apoyado por propuestas de programas de seguridad innovadores por parte de la autoridad vial), no habrá ningún cambio.
Un aumento de la financiación de los proyectos de seguridad vial debe venir acompañada de nuevos indicadores principales de rendimiento (KPI, por sus siglas en inglés), cuyo seguimiento permitirá valorar la eficacia de la gestión. El recuadro 7.1 describe un método para obtener la financiación necesaria para las actuaciones relacionadas con el Sistema Seguro.
Dado el coste relativamente elevado de la construcción de una infraestructura y las implicaciones de las consecuencias de los accidentes en el sistema de salud, todos los organismos, especialmente las autoridades viales y las sanitarias, deberían promover las oportunidades de obtener financiación específica destinada a la inversión en medidas de seguridad vial, como, por ejemplo, las obras de mejora de la infraestructura, el incremento de las labores de vigilancia, las campañas de información pública, las conferencias o los seminarios.
Asegurar una financiación adecuada es una de las principales responsabilidades de la autoridad vial. De particular interés son la obtención de recursos a partir de la introducción de mecanismos más eficaces (aplicación automatizada) para el cobro de multas por infracciones y la contribución de las aseguradoras gracias a la mejora de sus resultados financieros como consecuencia de una reducción en el número de accidentes. En algunos países, como Australia, Canadá y Suecia, las aseguradoras financian los principales programas de sensibilización, de investigación y de aplicación de las normas de tráfico y en Australia y Francia los ingresos por multas financian los principales programas de actuación sobre la infraestructura.
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